Por fin la Ley de Transparencia, pero, ¿qué fue del proceso participativo de elaboración?


Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen GobiernoAyer se publicó la Ley de Transparencia, bajo el nombre de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta Ley pasó, en abril de 2012, por un proceso de consulta pública, supuestamente muy participativo, pero con muchas dudas sobre la efectividad real de dicha participación. Como muestra, yo envié 16 observaciones, a las que no he recibido respuesta, y de las cuales sólo 5 se han incorporado, en mayor o menor medida, al texto definitivo: Leer más de esta entrada

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Alegaciones al anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno


Imagen del portal de consulta pública del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen GobiernoEl gobierno puso en marcha, el lunes, un procedimiento de consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  Estas materias me parecen de gran interés, especialmente las relativas a la transparencia y acceso a la información pública, materias muy relacionadas con las iniciativas de datos abiertos (open data) de las que ya he escrito antes en Acceso a datos públicos.

Tras la lectura de este proyecto de Ley, veo que cumple las expectativas, aunque sólo parcialmente. Quiero decir con ésto que el texto propuesto supone un gran avance respecto a la situación actual, pero en mi opinión se debería ir bastante más allá, aumentando el nivel de exigencia hacia las administraciones y hacia los dirigentes públicos. He preparado, por tanto, un conjunto de observaciones al texto, que acabo de enviar mediante el formulario de consulta pública, y que reproduzco a continuación para que todos podáis conocerlas y opinar sobre ellas.

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La Junta de Andalucía impulsa la Administración abierta


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Todos sabemos la importancia que tiene el apoyo político del máximo nivel en los proyectos de modernización de la Administración. Me alegro de poder contar que, en la Consejería en la que trabajo (Hacienda y Administración Pública, en la Junta de Andalucía), hemos recibido en los últimos días un apoyo inestimable en el avance hacia la administración abierta y el gobierno abierto, ya que la Consejera ha publicado un mensaje de bienvenida en el portal de la Consejería que no tiene desperdicio. Introduce los conceptos clave del gobierno abierto (transparencia, participación y colaboración) y concreta algunas de las formas en las que la Consejería los pretende hacer realidad: compartiendo información para su reutilización, participando en redes sociales, escuchando activamente, haciendo que los portales sean colaborativos (web 2.0) y fomentando la participación de la ciudadanía en la construcción, definición y evolución de los servicios de la Consejería.

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Acceso a datos públicos


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Curioseando por Internet he encontrado dos iniciativas sobre apertura de datos y transparencia que me han llamado la atención.

La primera es de una institución pública, el Banco Mundial. Descubro que han anunciado que van a publicar libremente numerosos datos e indicadores sobre desarrollo, podéis consultarlos en la página de datos del Banco Mundial.

La segunda la he leído en el blog de Enrique Dans, y es de una institución privada, Google, pero que publica datos que, en cierta medida, son públicos. Google ha empezado a publicar información sobre las peticiones recibidas de instituciones públicas para solicitar datos personales o la eliminación de alguna información. Podéis ver esta información en la página Government requests de Google. Esta información es útil para conocer el nivel de intervencionismo de los gobiernos.

Creo que ambas noticias representan avances significativos en transparencia, y por tanto en mejorar el control y la gestión de las administraciones.

El potencial de la tecnología para cambiar la administración


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En los últimos años se habla mucho de la administración electrónica, como una herramienta para agilizar el funcionamiento de la administración, reducir los plazos de tramitación de los procedimientos y mejorar el servicio público.

Estoy de acuerdo en que la tecnología sirve para hacer todo eso, pero estoy convencido de que puede llegar mucho más allá. La administración electrónica, como herramienta, es sólo el primer paso. Mediante ella se puede conseguir que los procesos de la administración sean ágiles, repetibles y auditables. Además, poco a poco, se puede hacer que sean automáticos, y que no sea necesaria la intervención humana para hacer las operaciones más habituales. Es algo que, en el sector privado, ya se ha conseguido, la banca electrónica es un claro ejemplo. Hacer una transferencia, hace unos años, requería la intervención de empleados tanto del banco emisor como del banco receptor. Ahora la solicita el usuario por Internet, y automáticamente (en un plazo que varía según los bancos) el dinero llega a la cuenta de destino, sin que nadie de ninguno de los dos bancos se entere siquiera.

Los procesos automáticos permitirán que las personas que trabajan en la administración se dediquen a tareas de mayor valor añadido, como la definición y aplicación de políticas mejores, la simplificación de los procedimientos, o la inspección de actividades irregulares.

El segundo factor clave es la información. Con procesos manuales, es difícil obtener información estadística fiable. ¿cuántos expedientes se han tramitado en un departamento? ¿cuántos ha hecho cada persona? ¿cuánto dinero se ha pagado a empresas del sector de la construcción? ¿cuánto a cada una de ellas? Obtener esta información con procesos manuales es muy costoso, pero lo peor es que la información que se obtiene no es fiable y que siempre queda algún dato que no se puede averiguar. ¿cuántos casos habrá en que ese dinero acaba en el bolsillo de alguien, sin que nunca se sepa dónde fue?

La utilización de la tecnología proporciona cantidades enormes de información, con un alto grado de fiabilidad (es mucho más difícil que se pierda un papel) y con una gran capacidad de tratamiento de dicha información, permitiendo la extracción rápida de conocimiento. Además, la tecnología permite distribuir la información a un número mucho mayor de personas, con lo que se puede aplicar la ley de Linus: “dado un número suficientemente elevado de ojos, todos los errores se convierten en obvios” (esta regla se pensó para el desarrollo de software, pero se puede aplicar de forma análoga al análisis de información). Para que la regla sea aplicable, y para que realmente se detecten y corrijan los casos de fraude y abuso de poder, conviene que la información pública se distribuya abiertamente, y en formatos que permitan su tratamiento automatizado, a toda la ciudadanía.

Estos dos factores (automatización de procesos, y publicación de la información), provocarán un gran cambio en el funcionamiento de la administración, mejorando la transparencia, reduciendo la corrupción y el fraude, optimizando los recursos, aumentando notablemente la calidad del servicio y reduciendo los costos de funcionamiento. La tecnología ya permite hacer todo esto, sólo hace falta aplicarla correctamente, y cambiar la organización y forma de funcionar de la administración para adaptarla a esta nueva realidad

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