Por fin la Ley de Transparencia, pero, ¿qué fue del proceso participativo de elaboración?


Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen GobiernoAyer se publicó la Ley de Transparencia, bajo el nombre de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta Ley pasó, en abril de 2012, por un proceso de consulta pública, supuestamente muy participativo, pero con muchas dudas sobre la efectividad real de dicha participación. Como muestra, yo envié 16 observaciones, a las que no he recibido respuesta, y de las cuales sólo 5 se han incorporado, en mayor o menor medida, al texto definitivo:

  • en relación a la publicidad de los contratos, se ha incorporado una referencia expresa a los contratos menores, de modo que queda claro que deberá hacerse pública la información relativa a todos los contratos adjudicados, incluidos los menores.
  • se ha sustituido el término permitir el acceso por facilitar el acceso, en relación al Portal de la Transparencia.
  • se han separado las exclusiones en el derecho de acceso de la definición de información pública
  • se ha mejorado el criterio para la ponderación entre el interés público en la divulgación de la información y la protección de datos de carácter personal (artículo 15.3)
  • se ha corregido un error en la declaración del carácter básico de una parte del artículo relativo a las unidades de información.

Por contra, el texto sigue acarreando, entre otras muchas, las siguientes deficiencias ya notificadas por mi parte en abril de 2012:

  • la publicación de directrices, instrucciones, acuerdos y circulares sigue estando limitada sólo a aquellas que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
  • continua sin exigirse la publicación de las memorias u otros documentos que conformen los expedientes de contratación, a excepción de las ofertas de los licitadores.
  • continua sin declararse explícitamente que la información económica, presupuestaria y estadística (artículo 8) deberá hacerse pública mediante su publicación en páginas web y sedes electrónicas, por lo que sigue cabiendo la posibilidad de que se utilicen subterfugios como la entrega de la información a determinados colectivos o entidades (por ejemplo sindicatos), privando de dicho acceso al conjunto de la ciudadanía.
  • en relación a la publicación de los contratos, continua sin darse información sobre  la partida o partidas presupuestarias que financian cada contrato y el importe correspondiente de cada una de esas partidas
  • en relación a la publicación de los convenios, continua publicándose sólo la relación de convenios, sin exigir que se publiquen los textos íntegros de dichos convenios.
  • continua sin informarse sobre las retribuciones e indemnizaciones percibidas por las personas que han desempeñado altos cargos en el pasado, como es el caso de expresidentes, exministros, exdirectores generales, … (sólo se informa sobre las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo, pero no las que continúen recibiendo a lo largo del tiempo por haber sido alto cargo)
  • continúan sin publicarse las órdenes de pago realizadas.
  • se continua restringiendo el acceso a la información utilizada en procesos de toma de decisión (artículo 14.1.k)
  • la redacción del artículo 15.2 continua siendo confusa, en mi opinión sobra la expresión “que lo impida”. Curiosamente la han cambiado, antes estaba en plural, pero sigue siendo igual de confusa.
  • en materia de regalos a cargos públicos, continua dándose un tratamiento más beneficioso a los altos cargos que a los funcionarios, algo que resulta escandaloso. Ahora los altos cargos pueden recibir regalos siempre que no superen los usos habituales, sociales o de cortesía (¿hasta dónde llegan esos usos?), mientras que los funcionarios no pueden recibir ningún tipo de regalo, ni siquiera un bolígrafo (artículo 422 del Código Penal)
  • continúa sin impedirse a los altos cargos valerse de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales para sus familiares, amigos y conocidos (la lectura estricta del artículo 26.2.b.9 dice que no pueden obtener esas ventajas para sí mismos, pero no menciona a su entorno).

Sobre esta Ley ya han escrito, entre otros, Sevach y Verónica del Carpio, también con artículos bastante críticos.

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