Alegaciones al anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno


Imagen del portal de consulta pública del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen GobiernoEl gobierno puso en marcha, el lunes, un procedimiento de consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  Estas materias me parecen de gran interés, especialmente las relativas a la transparencia y acceso a la información pública, materias muy relacionadas con las iniciativas de datos abiertos (open data) de las que ya he escrito antes en Acceso a datos públicos.

Tras la lectura de este proyecto de Ley, veo que cumple las expectativas, aunque sólo parcialmente. Quiero decir con ésto que el texto propuesto supone un gran avance respecto a la situación actual, pero en mi opinión se debería ir bastante más allá, aumentando el nivel de exigencia hacia las administraciones y hacia los dirigentes públicos. He preparado, por tanto, un conjunto de observaciones al texto, que acabo de enviar mediante el formulario de consulta pública, y que reproduzco a continuación para que todos podáis conocerlas y opinar sobre ellas.

  • En relación al artículo 5, se considera muy adecuada la publicidad en las sedes electrónicas o páginas web de la documentación citada. No obstante, el apartado a) resulta limitativo, en el sentido de que exige que las directrices, instrucciones y circulares se publiquen sólo en la medida en que supongan una interpretación del Derecho. Se sugiere dividir esta letra a) en dos:
    • a. Las directrices, instrucciones, circulares y demás normas de uso interno, en la medida en que dicha publicidad no exceda los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 10 ni el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 11.
    • b. Las respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho.
  • Continuando con el artículo 5, consideramos que, al igual que tienen relevancia jurídica las memorias u otros documentos que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, también tienen dicha relevancia jurídica las memorias u otros documentos que conformen los expedientes de contratación, por lo que se propone añadir una nueva letra a dicho artículo 5 con la siguiente redacción:
    • e. Las memorias u otros documentos que conformen los expedientes de contratación, a excepción de las ofertas de los licitadores.
  • En el artículo 6 se indica que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I deberán hacer pública determinada información, no obstante no especifica el medio por el que dicha información deberá hacerse pública. De este modo, se corre el riesgo de que la información se haga pública por medios que limiten el acceso a determinados colectivos o entidades (por ejemplo a sindicatos) privando del acceso directo al conjunto de la ciudadanía. Debería hacerse pública esta información de modo que sea accesible de forma directa por toda la ciudadanía, para lo que se sugiere que se exija la publicación en las sedes electrónicas o páginas web. De este modo, se propone la siguiente redacción para la entrada del artículo 6: “Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título deberán hacer pública, como mínimo mediante la publicación en sus sedes electrónicas o páginas web, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:
  • En relación al artículo 6.a, debería hacerse pública, además de la información citada sobre los contratos adjudicados (objeto, importe de licitación y de adjudicación, …), la partida o partidas presupuestarias que financian cada contrato y el importe correspondiente de cada una de esas partidas. Por otro lado, para evitar dudas en la interpretación del texto debería hacerse una referencia expresa a los contratos menores, de modo que quede claro que deberá hacerse pública la información relativa a todos los contratos adjudicados, incluidos los menores.
  • En relación al artículo 6.b, debería hacerse pública no sólo la relación de convenios suscritos sino también el texto de dichos convenios.
  • En el artículo 6.e se establece que se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo de los órganos superiores o directivos. Sin embargo, no se hace referencia a las retribuciones e indemnizaciones percibidas por las personas que han desempeñado esos cargos en el pasado, como es el caso de expresidentes, exministros, exdirectores generales, … . Se sugiere ampliar la redacción del artículo 6.e de acuerdo a la siguiente propuesta: “Igualmente se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo así como las percibidas con posterioridad al abandono del cargo que traigan causa en el ejercicio previo de dicho cargo.”
  • En el artículo 6, se propone añadir una nueva letra h) con la siguiente redacción:
    • h. Las órdenes de pago realizadas, con indicación del contrato, convenio, subvención, ayuda o concepto al que responden, así como su importe y la identidad del beneficiario.
  • En el artículo 7.1, el uso de la expresión “permita el acceso” parece querer decir que dicho Portal de la Transparencia será necesario para poder acceder a la información. Esto no debe ser así, como se deduce de la lectura de los apartados 2 y 3 del mismo artículo. Se sugiere, por tanto, sustituir la expresión “permita el acceso” por “facilite el acceso”.
  • En relación al artículo 9, este artículo introduce una definición de información pública en la que se excluyen determinadas informaciones que, según el sentido común, deben ser consideradas información pública. Se sugiere separar la definición de información pública de la realización de exclusiones en los derechos de acceso, que debería realizarse en el artículo 8. En este sentido, se propone la siguiente redacción para los artículos 8 y 9:

Artículo 8. Derecho de acceso a la información pública.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española y en esta Ley, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Artículo 9. Información Pública.

Se entiende por información pública la que obre en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones públicas.

  • En relación al artículo 10, límites al derecho de acción, no consideramos necesaria ni conveniente la letra f del apartado 1: “El derecho de acceso podrá ser restringido cuando la divulgación de la información suponga un perjuicio para: … La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”. No se entiende el motivo por el que se considera necesario restringir el acceso a la información utilizada en procesos de toma de decisión, de hecho es especialmente importante la publicidad de la información utilizada en los procesos de toma de decisión, para que la ciudadanía pueda auditar la calidad de las decisiones tomadas y que dichas decisiones estén plenamente justificadas.
  • El artículo 11.3 tiene una redacción que resulta difícil de entender, concretamente en “salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales sobre el interés público en la divulgación que lo impidan”. Se sugiere eliminar la expresión “que lo impidan”, dejando dicho artículo 11.3 como “Con carácter general y, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales sobre el interés público en la divulgación, se concederá el acceso a información que contenga datos vinculados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
  • La redacción dada al artículo 11.4 hace que la opción más simple para el órgano competente para resolver sea denegar el acceso a la información. Teniendo en cuenta que el objeto debe ser que se conceda el acceso a la mayor cantidad de información posible, debería dársele una redacción en la que la opción que más trabajo de al órgano competente sea la de denegar el acceso a la información. Sugerimos la siguiente redacción: “Asimismo, se concederá el acceso a información que contenga datos personales que no tengan la consideración de especialmente protegidos salvo que, previa ponderación suficientemente razonada, el órgano competente para resolver considera que se perjudica algún derecho constitucionalmente protegido o que son aplicables otras limitaciones para el acceso de las previstas en esta Ley
  • El artículo 23.2.b.6 establece que las personas que ostenten la condición de altos cargos o asimilados “no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios con una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio del Estado”. Debe hacerse constar que esta redacción es contradictoria con el Código Penal, concretamente con el artículo 422 en la redacción dada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. En dicho artículo 422 se establece que “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años”. De este modo, de aprobarse el artículo 23.2.b.6 se estaría estableciendo una norma menos restrictiva en relación a la recepción de regalos para los altos cargos o asimilados que para los funcionarios públicos, llegándose a la paradoja de que los funcionario no puedan recibir como regalo ni siquiera un bolígrafo mientras que los altos cargos puedan recibir cualquier regalo que esté dentro de los usos habituales sociales o de cortesía. Para solucionarlo, se propone la siguiente redacción, coherente con la dada en el código penal, para el artículo 23.2.b.6: “no admitirán, en provecho propio o de un tercero, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función. Asimismo, no aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de que se vean obligados a aceptar regalos de acuerdo a los usos habituales, sociales o de cortesía, deberán entregarlos para su incorporación al patrimonio del Estado, no pudiendo hacer uso personal de dichos regalos.
  • Se sugiere ampliar la redacción del artículo 23.2.b.9, para incluir a los familiares, amigos y conocidos entre las personas para cuyo beneficio no deben los altos cargos utilizar su influencia, del siguiente modo: “No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales, para sí mismos ni para sus familiares, amigos o conocidos”.
  • En la Disposición final sexta se establece el carácter básico de todo el contenido de esta Ley, a excepción de los artículos 7 y 18. Teniendo en cuenta que el apartado 2 del artículo 18 es aplicable, precisamente, al resto de entidades incluidas en el ámbito de aplicación del Título 2 (excepcionada la Administración General del Estado), se considera que el citado apartado 2 del artículo 18 debería tener carácter básico. Por tal motivo, se sugiere la siguiente redacción para la Disposición final sexta: “La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.1, 149.1.13 y 149.1.18 de la Constitución. Se exceptúa lo dispuesto en el artículo 7 y el artículo 18.1

15/08/2012: El texto del anteproyecto de Ley ha dejado de figurar en el portal de la Ley de Transparencia, por lo que lo subo a este blog para que pueda ser consultado y se entiendan las referencias hechas en este artículo. Puede descargarlo aquí.

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3 Responses to Alegaciones al anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

  1. Pingback: La Transparencia del Conde Lucanor « eFuncionario

  2. Rafael Martínez says:

    Los documentos públicos, según sus características, pueden contener datos públicos de acceso claramente libre o, en otros casos, datos de carácter reservado. Por tanto, la legislación debe hacerse eco de esta dualidad facilitando al máximo el acceso libre, y lo más inmediato posible (suprimiendo formalismos burocráticos) a todos los documentos del primer grupo (entre los que se incluirían también los documentos “históricos” con una determinada antigüedad), y reservando un segundo procedimiento “formal” (solicitud por escrito+plazos temporales+ resolución expresa de los órganos administrativos titulares) para solicitar el acceso a documentos que contengan o puedan contener datos reservados). Utilizar la misma vía para ambas situaciones es una irracionalidad administrativa. Es como hacer pasar todo el tráfico rodado por el carril bici.

  3. Pingback: Por fin la Ley de Transparencia, pero, ¿qué fue del proceso participativo de elaboración? | La nueva Administración

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