TECNIMAP 2010: Los nuevos derechos electrónicos y las garantías sobre su ejercicio


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Desde el tren, camino a Granada para asistir al Congreso de Modernización de los Servicios Públicos, escribo este artículo que completa la serie de artículos sobre el TECNIMAP 2010 de Zaragoza. En artículos anteriores he hablado sobre las ponencias y mesas redondas a las que asistí los días 7 y 8 de abril, y en este caso, ya un mes después (más vale tarde que nunca) escribiré sobre la mesa redonda del viernes 9 de abril. Ese día también tuvo lugar la entrega de premios, si bien no hablaré sobre ella, dado que los premios entregados son sobradamente conocidos. Únicamente me gustaría destacar que la Diputación de Teruel, premiada, usa las herramientas de administración electrónica de la Junta de Andalucía, y que el próximo TECNIMAP se celebrará en Euskadi (tal vez sea un premio a lo activa que está esta comunidad autónoma en la modernización de la administración y a la alta participación que han tenido en este TECNIMAP)

Volviendo a la primera sesión de la mañana, asistí a la mesa redonda titulada “los nuevos derechos electrónicos y las garantías sobre su ejercicio”.

Bernardo Hernández Bataller, del Consejo de Consumidores y usuarios, habló sobre los principios que propugna la Ley 11/2007, de entre los que copio aquí las notas que tomé:

  • Integridad de garantías
  • Legalidad y reserva de ley
  • Igualdad y proporcionalidad
  • Neutralidad tecnológica
  • Equivalencia de soportes
  • Accesibilidad de información y servicios
  • Responsabilidad y calidad
  • Transparencia y publicidad

Más interesante me resultó la exposición de Eduardo Gamero Casado, catedrático de derecho de la Universidad Pablo de Olavide y autor de una monografía (uno de esos tochos que publica Aranzadi) sobre la Ley 11/2007. Habló, con buen criterio, sobre las posibilidades y limitaciones para el ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007.

Para empezar, los nuevos derechos son derechos de prestación, que exigen una actitud positiva por parte de los poderes públicos. Como instrumentos de garantía se pueden plantear medios preventivos, medios reactivos y medios reparadores. Entre los medios reactivos destaca el recurso contencioso-administrativo contra la inactividad y el Defensor del Usuario. El recurso contra la inactividad se ampara en el artículo 29 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pero es difícil conseguir sentencias favorables al ejercicio de este recurso. Respecto al Defensor del Usuario, en primer lugar sorprende que tenga que ser nombrado por el Consejo de Ministros, y no por las Cortes como sería deseable. Y en segundo lugar todavía no ha sido nombrado y ni siquiera se ha regulado su estatuto, por lo que en la actualidad no se puede recurrir a este instrumento de garantía.

Eduardo también expuso, con buen acierto, una relación de los servicios mínimos exigibles para el cumplimiento de la Ley 11/2007, y que no son tantos, basta con disponer (y usar adecuadamente) de una sede electrónica, un registro de propósito general, una plataforma de pagos electrónicos y un sistema de notificaciones electrónicas. El resto de servicios son servicios complementarios, para cuya implantación conviene aprobar un plan de adaptación (tal como el que está previsto en el proyecto de ley valenciano sobre la materia, y como el que se regula en la Ley de Castilla y León de la que hablé en el artículo anterior).

Por otro lado, Eduardo recomendó la lectura del informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que estaba disponible en el stand de red.es (aunque cuando llegué a buscarlo se había agotado).

Maximino Linares Gil, Director del Servicio Jurídico de la AEAT, centró su exposición en las posibilidades de imponer la relación electrónica obligatoria de los ciudadanos con la administración, explicando las limitaciones que actualmente existen (resumiendo, debe estar garantizado que los ciudadanos tengan acceso fácil a esos medios electrónicos), y las ventajas que por otra parte proporciona para mejorar la gestión de la administración.

Manuel Fernández Salmerón, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Murcia, habló sobre la simplificación documental, un tema que personalmente me interesa mucho. Dio los siguientes motivos para reducir la carga documental:

  1. Cualitativamente, porque facilita las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas.
  2. Cuantitativamente, porque se produce un ahorro, tanto directo como indirecto. Entre otros factores, porque evita la distracción de los recursos humanos con la gestión del papel.
  3. Porque proporciona ahorros complementarios: gastos de archivo y de almacenamiento, fotocopias, …
  4. Jurídicamente, porque es un imperativo legal.

Por otro lado, expuso los tres niveles de sobrecarga documental:

  1. Petición de documentos impertinentes, es decir, de documentos que no son necesarios en el trámite para el que se solicitan.
  2. Peticiones reiteradas del mismo documento.
  3. Petición de documentos que ya están en poder de las administraciones públicas.

Desde el punto de vista de Manuel, que comparto, la administración electrónica es una oportunidad para la reducción documental. Comparto este punto de vista, si bien con el matiz de que esta oportunidad es más aplicable a la reducción de sobrecarga por peticiones reiteradas del mismo documento y, sobre todo, por petición de documentos que ya están en poder de las administraciones públicas. No veo, sin embargo, que la administración electrónica por sí misma pueda aportar nada en relación con la petición de documentos impertinentes, eso es algo que debe derivarse de un análisis sistemático de los procedimientos y trámites de la administración. Dicho análisis puede hacerse aprovechando la implantación de la administración electrónica, pero es algo que debería hacerse siempre, independientemente de la evolución de la tecnología.

Finalmente, la administración con frecuencia requiere documentos que están en poder de los Registros Civiles. Por este motivo ha habido mucho debate sobre si estos entes son registros privados o registros administrativos. Según Manuel, la jurisprudencia ha confirmado, en resoluciones recientes, que los Registros Civiles son registros administrativos, por lo que los ciudadanos tienen derecho a no aportar a la administración datos y documentos que tengan los Registros Civiles, y la administración tiene la obligación de recabarlos ella misma, por medios electrónicos si es posible.

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